Breves reflexiones acerca del Sistema Político boliviano (página 2)

El
Sistema
Político boliviano y su estructura.

El sistema
político boliviano pudiera definirse entonces como el
conjunto de elementos estructurados e interrelacionados entre
sí (aquí incluimos instituciones,
normas
político – jurídicas, principios) cuya
finalidad es actuar sobre la elaboración y toma de
decisiones políticas
en la sociedad
boliviana.

El mismo está integrado por:

1. El Estado
2. Los partidos
   políticos, agrupaciones ciudadanas y los pueblos
   indígenas
3. Las organizaciones
   político sociales de la sociedad civil

Incluimos en él a los llamados grupos de
presión, cuya definición y
características expondremos más
adelante.

1. El Estado
   boliviano: su lugar dentro del Sistema
   Político.

Entendemos por Estado, a aquel ente complejo,
compuesto por un conjunto de organismos, órganos e
instituciones, de los que se vale una clase
políticamente dominante, para ejercer el poder
político en una sociedad determinada.

Por su tipología histórica, Bolivia
constituye un estado moderno, en tanto se asienta sobre
relaciones capitalistas de producción, legitimadas en la propia
Constitución Política del Estado
(CPE). En su artículo 7 i) se reconoce el derecho a la
propiedad
privada, siempre que esta cumpla con el fin social asignado;
encontrando su garantía constitucional en lo dispuesto por
el artículo 22.1, donde se lee que:

"Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso
que se haga de ella no sea perjudicial al interés
colectivo."

La legitimación del derecho de
propiedad privada sobre los medios
fundamentales de producción, se desprende, además,
de la interpretación tácita de lo
preceptuado en el art. 136.1_2 de la CPE; pues este permite la
concesión y adjudicación a particulares de bienes
considerados como originarios del estado (ej. las tierras, aguas,
etc.).

Ahora, considerando que, a cada tipo histórico de
estado, corresponde una determinada forma de estado,
¿cuál sería entonces la forma del estado
boliviano?

El art. 1 del la CPE, nos da, de plano, la forma que
este ha adoptado: "Bolivia (…), constituida en
República Unitaria (en tanto los cargos públicos
son elegidos y renovables, y existe un solo ordenamiento legal y
un mismo sistema de órganos de poder, extendidos a todo lo
largo del territorio nacional), adopta para su gobierno la forma
democrática representativa y
participativa…"

Siguiendo el análisis del citado artículo, el
régimen político boliviano se define como
democrático representativo, en tanto el ejercicio de la
soberanía popular queda delegado a los
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial (art. 2 CPE),
ejerciéndose la actividad político gubernativa por
medio de representantes elegidos (art. 4.1 CPE).

En este punto se impone hacer una salvedad con respecto
a lo que consideramos una contradicción dentro del
texto del
citado art. 1. En él puede leerse que Bolivia "adopta para
su gobierno la forma democrático representativa y
participativa." Democracia
representativa y democracia participativa, suponen dos formas
distintas de manifestación de un régimen
democrático, pues, si bien ambas se fundan sobre la
participación política y sobre
mecanismos de representación de la colectividad social a
nivel gubernativo, encuentran su distinción en que, en la
primera, se evitan las relaciones directas entre actores sociales
y aparto estatal; y en la segunda se crean diversos espacios para
que los mismos participen de la actividad gubernativa, de los
procesos
decisionales e, incluso, para fiscalizar la actividad de sus
representantes políticos elegidos.

Entendemos que el término "participación",
está usado de más en el texto, en tanto:

• no define realmente el verdadero régimen
  político del país, que como vimos, es el
  democrático representativo.
• no encuentra un fundamento legal, en tanto no existen
  mecanismos legales que legitimen una acción directa de los distintos actores
  sociales de la sociedad boliviana (sindicatos,
  organizaciones sociopolíticas) en la práctica
  política de ese país. Ejemplo de ello lo
  encontramos en que, para demostrar el descontento contra
  decisiones gubernamentales, como el caso de los procesos de
  privatización, con las cuales las grandes
  mayorías no están de acuerdo, se acude a
  mecanismos extralegales, como marchas de protestas, bloqueos de
  carreteras, e, incluso, enfrentamientos directos con las
  autoridades (la llamada "Guerra del
  Agua",
  frente al intento de privatizar las aguas, por el gobierno de
  Gonzalo Sánchez de Lozada, es un ejemplo de lo que
  sucede cuando no existen estructuras
  legales que legitimen la participación social en la
  actividad política dentro de una sociedad que ha
  demostrado, con creces, necesitarla; o cuando las existentes se
  encuentran obsoletas). Otro hecho que demuestra nuestra
  afirmación lo constituye el que no existe forma de que
  los representantes políticos, una vez elegidos,
  respondan de su gestión ante sus electores, y que estos,
  a su vez, puedan fiscalizar el actuar de aquellos, pudiendo
  exigir su revocación en caso que no cumplan con el
  mandato que se les ha asignado.

1. 1. Partidos políticos y sistemas
      de partido.
2. Partidos políticos y sus equivalentes
   funcionales en la sociedad boliviana.

Aunque en la doctrina política no podría
encontrarse una definición unívoca de partidos
políticos, podemos decir que estos son elementos del
sistema político que actúan como instrumentos de
representación política de los intereses de una
clase, sector o grupo social
determinado, cuyo fin se orienta a alcanzar el poder
político en el Estado, o a
influir sobre este para llevar a vías de hecho los
objetivos
trazados en un programa
político.

Sería válido aclarar que el hecho de que
expresen los intereses de una clase o sector de clase
determinada, no es obstáculo para que en él puedan
militar individuos otra clase o sector social diferente. Este
hecho está determinado por el nivel de consenso que el
mismo partido logre obtener en el transcurso de su labor
persuasiva sobre la sociedad, de la congruencia de sus objetivos
programáticos con respecto a las necesidades
económicas, sociales o políticas del conglomerado
social; en fin, de la mayor o menor medida en que su discurso
resuma el abanico de necesidades sociales que se le
presentan.

Dentro de cualquier sistema político moderno
constituyen el vínculo por el cual el aparato estatal y la
sociedad quedan relacionados. Siendo el Estado la
expresión oficial de una determinada sociedad; es esta,
dividida en clases, sectores de clase y grupos
sociales; y a través de los partidos políticos,
la que hace llegar al Estado, ya sea por el ascenso de estos al
poder político, o por la influencia que sobre este logren
ejercer, sus necesidades.

La existencia de partidos políticos en la
sociedad supone la presencia de ciertos niveles de
interrelación entre ellos, y de todos, a su vez, con el
cuerpo del sistema político, y en especial con el Estado;
es a lo que se le llama sistema de partidos. En la
clasificación de Maurice Duverger, estos pueden ser
sistemas unipartidistas, bipartidistas y pluripartidistas,
según el número de partidos que integren la
sociedad y su poder de movilización.

Aquí no será ocioso expresar que el hecho
de que existan uno o varios partidos dentro de un sistema
político, depende de muy variados factores, entre ellos,
de la capacidad que los mismos tengan para expresar en mayor o
menor medida los intereses sociales. Pero la sociedad es un ente
complejo en si mismo, por la gama de intereses de distinta
índole que se mueven en su interior. La escisión de
la misma en clases, y las subdivisiones y contradicciones, por lo
general irreconciliables, al interior de estas, lo demuestran con
creces. Es por ello que suele considerarse que en una sociedad
burguesa, el amplio multipartidismo no es síntoma de que
exista una diversidad de alternativas políticas, sino, a
veces, todo lo contrario. Con frecuencia la burguesía,
dividida a su interior por intereses contradictorios entre
distintas oligarquías o sectores, se vale de los partidos
como medio para contrarrestar, desde una posición de
fuerza una vez
llegados al poder; o por medio de la lucha política, los
intereses de la otra. En ciertas sociedades
burguesas, la amplitud de partidos políticos y la
estrechez de alternativas políticas en sus discursos,
suponen debilidad y fragmentación de esta clase al
interior del país. Es el caso de muchas naciones del
llamado Tercer Mundo, con economías periféricas,
dependientes y penetradas por el capital
transnacional, como Bolivia, donde este hecho ha provocado una
profunda crisis de
representación, al interior del sistema partidista, que no
representa tanto a la sociedad, como a los intereses de
pequeños grupos o sectores
de clase.

Cuando en un sistema político determinado, un
partido ha alcanzado el poder en el Estado, se dice que ha
logrado una hegemonía política dentro de la
sociedad, en tanto consigue colocarse a la cabeza de esta para el
cumplimiento de sus fines programáticos. Dicha
hegemonía se alcanza por medio del consenso logrado con la
actividad persuasiva del partido, consiguiendo la simpatía
del conglomerado social hacia su programa partidista.
Nótese que mientras el Estado se vale de la
imposición de sus decisiones por medio de la fuerza
pública, el partido debe apelar a medios pacíficos
que logren influir la conciencia
humana: medios persuasivos.

Una vez en el poder, el partido ejerce su
hegemonía por medio de diferentes vías, como
colocar en puestos importantes de la dirección estatal a sus miembros, hecho que
permite afianzar más el poder del este, al "controlar" los
cargos de menor relevancia. En este sentido, el hecho de que en
Bolivia los prefectos departamentales (que son la máxima
autoridad
estatal dentro del Departamento y que, en las condiciones de una
república unitaria, están obligados a responder
ante el poder central del estado) sean elegidos en sus propios
Departamentos y no designados por el Presidente, lejos de
significar mayor apertura democrática, constituyen una
fisura dentro de la gobernabilidad del sistema político
boliviano; en tanto, por una lado brinda la posibilidad las
oligarquías departamentales de controlar los
órganos de poder en sus respectivos departamentos, y por
el otro, en lugar de contribuir a unificar políticamente
la clase burguesa en el país, la fragmenta más
aún; hecho que, en las condiciones de Bolivia, donde el
débil capital nacional se ha comportado
históricamente como testaferro de intereses
económicos extranjeros, puede socavar profundamente la
unidad nacional, deviniendo en tendencias separatistas y
extremistas, como las que se han expresado en los últimos
años por parte de las oligarquías
cruceñas.

Son características esenciales de los partidos
políticos:

• La organización por medio de normas internas
  y requisitos de constitución regulados por el Estado.
  (En Bolivia la formación, funcionamiento y
  organización de los partidos políticos, se
  encuentra recogida en la Ley de Partidos
  Políticos de 1999)
• Tienen como fin la obtención del poder
  político en un Estado o, constituir una influencia en
  sus orientaciones por medio de la formación de una
  opinión
  pública al respecto. (En el art. 3 de la citada Ley,
  se expresa que una de sus funciones es,
  precisamente, la formación de la voluntad
  popular)
• Pueden presentar niveles variables de
  organización.
• Jerarquización de la minoría
  dirigente.
• Reconocimiento y presencia de un líder
• Número ilimitado de miembros
• Heterogeneidad social y cultural de sus miembros
  (Aunque han existido y existen partidos homogéneos
  socialmente)
• Reuniones periódicas de sus
  miembros
• Fuerza cohesionadora.
• Presencia de reglamentos establecidos para regular el
  comportamiento de sus afiliados
• Sanciones contra los infractores de los mismos. (Este
  es el único plano, sobre sus miembros, en que un partido
  puede imponer decisiones con cierto grado de
  coacción).

1. Naturaleza jurídica y funciones de los
   partidos políticos en Bolivia.

Por el extendido número de agrupaciones
partidistas que posee, Bolivia clasifica dentro de los sistemas
pluripartidistas. En dicho sentido, la existencia y
actuación de los mismos (reconocida en el art. 222 de la
CPE) se encuentra regulada por la Ley de Partidos
Políticos de 1999 (LPP).

Del art. 3 de la misma se desprende que son considerados
personas jurídicas de derecho
público y estructuras de representación
popular, facultadas para participar en la actividad
política, en la formación de la voluntad popular y
en la conformación de los poderes
públicos.

Dentro del sistema político boliviano constituyen
un medio, no sólo para alcanzar o influir en los poderes
del Estado, sino también para la participación y la
representación políticas, en la medida en que
logren canalizar los intereses comunes de la sociedad. Concurren
en la formación de la voluntad política popular;
constituyen estructuras de reclutamiento de
personal político y gubernamental, mediante la
presentación de listas de candidatos a los diferentes
cargos. Tienen función
gubernativa, pues están obligados a la presentación
de programas
políticos de gobierno y, finalmente, función
educativa, pues tienen el deber legal de sembrar valores
éticos y morales en el seno de la sociedad.

2.3 Los partidos políticos y sus equivalentes
funcionales en el sistema político
boliviano.

Los partidos políticos aparecen mencionados por
primera vez en Bolivia, en el Reglamento Electoral de 1908, sin
embargo, no es hasta 1961 que encuentran reconocimiento expreso
una vez incorporados en el texto constitucional (ver art. 222
– 224 CPE).

Para analizar su devenir histórico en el
país podríamos establecer cinco
generaciones:

• una primera, vinculada al lento avance de las
  oligarquías urbanas, que se vio acelerado en los
  primeros años del siglo XX por la expansión de la
  minería
  del estaño. Estará caracterizada por la presencia
  de una fuerte corriente de corte liberal, a la que se opuso
  bien pronto, un partido de tendencia conservadora, representado
  por elementos de raigambre católica y análoga
  procedencia social. Ambos se repartirán el juego de la
  política dentro del país durante alrededor de
  tres décadas.
• el inicio de la segunda generación, estuvo
  matizado en Bolivia por el fracaso del liberalismo,
  por causa de la crisis económica de 1929 y por la
  derrota en la Guerra del Chaco (1932 – 1935), que
  aceleraron su caída; unido esto a la adaptación
  de la economía boliviana a la naciente
  economía de guerra en el mundo. Comenzaron entonces a
  surgir grupos organizados de oposición al orden
  político vigente, el Partido de Izquierda Revolucionaria
  (de tendencia socialista) y el Movimiento
  Nacionalista Revolucionario (de ideología pequeño burguesa y
  tendencia nacionalista). Eran la respuesta inevitable al
  hundimiento liberal precedente.
• una tercera generación se encontraría
  luego del truncado proceso
  revolucionario de 1952, matizada por el nacionalismo
  económico que significó, en sus primeros
  años, la llegada al poder de MNR. Ya para la
  década del 70 sus efectos se verían
  agotados.
• la evolución política de 1980 a 1990,
  harán emerger una cuarta generación partidista,
  unida, fundamentalmente, a dos hechos esenciales: la llamada
  "transición a la democracia" que marcó el fin de
  la dictadura de
  Hugo Banzer; y el advenimiento del neoliberalismo y sus posterior
  institucionalización entre 1985 y 1986 con los llamados
  decretos de capitalización. A estos "nuevos" partidos
  políticos que parecieran haber derivado del nacionalismo
  económico al discurso neoliberal, los llamaremos, para
  la mejor comprensión de nuestro estudio "partidos
  transformados" (en su discurso, valga decir).

Hoy pudiera hablarse de una quinta generación de
instituciones de representación política, surgida
de la profunda crisis en que ha caído el modelo
democrático representativo en Bolivia, ante su visible
incapacidad para resolver los grandes problemas
sociales, debido, en buena medida, al fracaso
económico y social que ha representado el orden
neoliberal. Este modelo había impulsado, desde 1985, un
plan para la
estabilización económica, que supuso un enorme
distanciamiento entre el Estado y la sociedad civil,
quebrando las estructuras organizativas de movilización y
acción popular. Ello condujo a un deterioro paulatino de
los mecanismos tradicionales de participación popular, y a
un consecuente descrédito en el discurso de los partidos
tradicionales. Esto, unido a la crisis económica y social
causada por el neoliberalismo, produjo un auge de los movimientos
sociales, por lo general con tendencia izquierdista, que han
devenido voceros de las grandes mayorías desplazadas del
poder del Estado y de los beneficios de su gestión
política. Eventualmente devinieron en partidos para
competir por el poder. El ascenso del Movimiento al Socialismo (MAS),
representante máximo de la nueva izquierda boliviana, es
un vivo ejemplo de ello.

Este fenómeno comenzó en la segunda mitad
de la década de los 80, cuando partidos de derecha, como
MNR, o de izquierda, como MIR, iniciaron un viraje hacia el
discurso y prácticas neoliberales. Tras la alianza que
ambos llevaron a cabo en 1989, la gente perdió la
noción de qué o a quién representaban
realmente, pues, con programas políticos opuestos, de
pronto se habían aliado en una misma tendencia
política.

Ello definirá las dos características
actuales de estos partidos tradicionales "transformados". En
primer lugar suponen la presencia de un pensamiento
uniforme. Dentro de la pluralidad de organizaciones partidistas
tradicionales se observa un elemento curioso: la causa
común con la idea neoliberal, con lo cual queda sepultada
cualquier referencia al pluralismo político (entendido
este como diversidad de alternativas y discursos
políticos) que se pretende presentar. Y en segundo lugar,
el fraccionamiento político, representado en el gran
número de partidos que, sustentados en igual
ideología, existen. Ello nos conduce a dos conclusiones
inmediatas:

• la ausencia de vías de participación y
  representación política pareciera "fabricar"
  partidos políticos que, no obstante su número,
  apenas representan el discurso común de sus miembros.
  Por otro lado, hace mucho que los nombres de los partidos
  políticos dejaron de significar, en Bolivia, la
  tendencia política de los mismos. El uso excesivo de las
  siglas, más que una economía de palabras,
  pareciera querer ocultar los verdaderos intereses que estos
  representan, y el giro hacia un discurso ideológico
  común entre sus programas.
• a pesar de sostener un discurso neoliberal
  común, el fraccionamiento partidista representa la
  profunda división y rivalidad existente al interior de
  la burguesía boliviana, la cual está sustentada
  en dos grandes oligarquías: la cruceña y la
  paceña, en conflicto
  por despojar la primera a la segunda, de los mecanismos de
  control
  político y de administración fiscal. Es
  así que la aparente "rivalidad" entre cambas y collas,
  no es sino el tenue reflejo de un conflicto económico
  – administrativo entre dos oligarquías nacionales,
  en pugna por controlar los dividendos de la economía
  cruceña.

Ante tamaño divorcio entre
intereses de partido e intereses populares, la sociedad, de
manera casi natural se ve obligada a buscar nuevas formas de
representación y participación política. De
este modo, en 2004, los partidos políticos bolivianos
perdieron, dentro del sistema político, el rol exclusivo
de la representación, al verse obligados a compartirlo con
las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas
(art.222 – 223 CPE). De esta forma, el fraccionamiento
político boliviano no ha hecho más que fraccionarse
más, con la aparición de estos nuevos medios de
representación. Este resultado, obvio en las condiciones
de ese país, tuvo su antecedente en 1967, con el
reconocimiento de que, las entonces "agrupaciones
cívicas", podían postular candidatos formando parte
de una alianza de partidos. A raíz de las reformas
políticas de 2004, las ahora agrupaciones ciudadanas, de
conjunto con los pueblos indígenas, fueron reconocidos
como "equivalentes funcionales" de los partidos políticos,
compartiendo semejantes requisitos de constitución y
funciones dentro del sistema político del país. Su
número fue particularmente creciente para las elecciones
municipales de 2004, cuando se presentaron en toda la nación,
un total de 1502 agrupaciones ciudadanas y 75 pueblos
indígenas, según las estadísticas presentadas por la Corte
Nacional Electoral (CNE) en su sitio en Internet.

Este estado de cosas, no refleja sino la necesidad del
paso de un régimen democrático representativo, a
uno participativo, más acorde con la situación
socio – económica de un país subdesarrollado,
multiétnico y pluricultural.

Sin embargo, toda esta situación, en la que se
unen la incapacidad de los medios tradicionales para representar
las necesidades políticas de la sociedad, y la
parcialización de estas por medio de las nuevas formas de
representación; unidos a la ausencia visible de mecanismos
y medios, coherentes y objetivos, para el logro de la misma,
tiene más posibilidades de dividir al país que de
unificarlo políticamente, con lo cual, cualquier plan de
acción desde el poder, parecería inocuo.

En dicho sentido se evidencia una marcada tendencia a la
creación de facciones políticas, que respondan,
incluso, a cuestiones étnico – culturales. Ello
sería, en las condiciones de Bolivia, como país
multiétnico y pluricultural, particularmente peligroso a
la estabilidad nacional.

Actualmente, dos fuerzas políticas han acaparado,
en su mayoría, las instancias parlamentarias: el
Movimiento al Socialismo (MAS) y Poder Democrático Social
(PODEMOS). Uno, nacido de movimientos campesinos e
indígenas; y el otro, que ha evolucionado desde la
perspectiva de agrupación ciudadana, y que, al parecer, ha
sintetizado los principales intereses de las oligarquías
neoliberales. Este hecho, el de la procedencia de ambas, creemos,
sienta una pauta evolutiva frente a las demás
organizaciones partidistas, de corte tradicional, que componen el
Congreso, a saber, MNR y UN.

El caso del MAS es bastante curioso, no sólo para
la propia historia política del
país, sino del Continente. Ha supuesto una ruptura total
con la izquierda tradicional, encarnando, en su persona, la nueva
fisonomía que los representantes de esta corriente han
asumido en la palestra política boliviana.

2.3.1. Izquierda Tradicional y Nueva Izquierda en
Bolivia:

No quisiéramos continuar nuestro estudio sin
antes dedicar unos párrafos al análisis de las
izquierdas en Bolivia, en tanto las mismas, en el marco de la
actual situación política, han sufrido mutaciones
cíclicas, que las han colocado en lugar muy distinto al
que ocuparon años antes. Constituye un hito de la historia
política, en el espacio de la región andina, la
actual fisonomía que la izquierda boliviana ha
adoptado.

Fue a principios del siglo XX, con el ascenso de las
primeras industrias, que
empezaron a gestarse sindicatos con tendencia socialista y
anarquista (influidos mayormente por los acontecimientos
políticos mundiales). La primera agrupación
socialista se crea en 1914. El Partido Obrero Revolucionario (de
tendencia trotskista) se funda en 1934. Las agrupaciones
partidarias tienen su contraparte en los sindicatos y
federaciones obreras (por ejemplo, la Federación Sindical
de Trabajadores Mineros, fundada en 1938) que poco a poco van
conformándose en la medida en que las masas urbanas se
proletarizan: el socialismo, la cuestión nacional, el
obrerismo y el antimperialismo son los temas fundamentales de ese
momento.

Un segundo ciclo viene luego del triunfo de la Revolución
de 1952. La crisis económica mundial de los años 30
y la derrota sufrida por Bolivia en la Guerra del Chaco, dieron
por resultado un fuerte sentimiento de nacionalidad y
el surgimiento de una nueva generación, opuesta al antiguo
sistema político del país, lo que, unido a las
organizaciones sindicales preexistentes, desencadenaron la
Revolución del 9 de abril, con la participación
fundamental de Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y
Víctor Paz Estenssoro. Unos días después de
la victoria revolucionaria, se crea la Central Obrera Boliviana
(COB), encabezada por el líder sindical Juan Lechín
Oquendo. La COB se convertiría así en la
organización más poderosa de la historia del
sindicalismo
en Bolivia y en América
Latina. Considerando la importancia de la minería en
la economía nacional, éste fue el sector social que
marcó la política. El paradigma
teórico giró alrededor del nacionalismo
revolucionario, y la propuesta política se concretó
en el llamado "poder dual", que implicaba la participación
directa de los trabajadores en la conducción
gubernamental. La política se hace desde el sindicato y
desde el partido.

El tercer momento sucede bajo regímenes
dictatoriales. Desde 1964 hasta 1982, Bolivia vive dictaduras con
breves interrupciones democráticas. Los movimientos
mineros y estudiantiles salen a la palestra pública en
busca de formas de acción y organización, entre la
vía democrática para acceder al poder y la lucha
armada. En este sentido, la influencia del Che, y su muerte en 1967
en Ñancahuazú, hacen que un grupo, conformado en su
mayoría por líderes universitarios, ingresen al
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y opten por
la guerrilla, que inicia acciones en la
selva de Teoponte en julio de 1970. Su eficacia
será limitada y en tres meses se tendrá un saldo de
más de 50 muertos, todos guerrilleros. Paralelamente,
jóvenes de la democracia cristiana, al lado de otras
organizaciones, se inscriben en distintas propuestas
políticas; una de ellas y quizá la más
significativa de la época, es el Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR), fundado en 1971. Los núcleos de la
movilización social estarán, por un lado, en el
sector minero, fuertemente reprimido; y, por el otro, en el
estudiantil. Paralelamente, algunos liderazgos fundamentales
darán voz a estas propuestas, como es el caso de Marcelo
Quiroga Santa Cruz, quien fundaría años más
tarde el Partido Socialista. El centro de la discusión
giraba alrededor del socialismo, el antimperialismo, el gobierno
popular y nacional. Una de las características de este
momento es la débil vinculación entre la propuesta
de los sectores urbanos y sindicalismo minero. Es evidente que el
surgimiento de estos partidos políticos (y ésa fue
su debilidad) estuvo vinculado, sobre todo, a la clase media
urbana, con poco contacto obrero y popular.

El cuarto periodo podríamos denominarlo como el
de pasión y muerte de esta izquierda tradicional. En 1978,
el dictador Hugo Bánzer llama a elecciones, pretextando
una huelga de
hambre iniciada por 4 mujeres mineras. La izquierda, tras
años de dictadura, se une en una sola divisa: democracia.
Las elecciones de 1978, 1979 y 1980 son ganadas por la
Unión Democrática y Popular (UDP) con más
del 30 por ciento de la votación. Esta, aglutina distintos
partidos, que van desde el MIR, hasta la izquierda del MNR,
pasando por el Partido Comunista Boliviano (PCB). Por su parte,
el Partido Socialista 1 (PS-1) se presenta a las elecciones y
obtiene el 4.17 por ciento y el 7.65 por ciento de los votos, en
1979 y 1980, respectivamente; en 1982 la UDP asumiría la
dirección del país. Si bien en un principio
intentó buscar formas de participación obrera,
intentando reeditar el "cogobierno", a la vuelta de los meses la
COB será una de las principales instancias de crítica
al gobierno udepista y, a su vez, éste será incapaz
de modificar las estructuras de participación
política y económicas del país. Este momento
es conocido por su hiperinflación y retroceso en indicadores
económicos; entre 1980 y 1985, el PIB real fue
de -1.2 y la inflación promedio de 2692.4.

Paralelamente, en 1979, se funda la Confederación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
(CSUTCB), que dará inicio al katarismo (con distintas
vertientes al interior), evocando al líder indígena
Tupak Katari (asesinado en 1781, luego del Cerco de La Paz). El
katarismo, por su parte, creció, para convertirse en uno
de los ejes de la nueva izquierda.

En 1985, la UDP deja el gobierno y se instala el MNR,
con el que se institucionaliza el neoliberalismo. Los elementos
que marcan este periodo son: la política
económica de libre mercado, el
paradigma de la gobernabilidad y la "democracia pactada". El
neoliberalismo se encargará de, por un lado, desorganizar
al movimiento obrero a través del proceso de
"relocalización", que implicó cerrar varias minas
enviando a la calle a miles de trabajadores; destruyendo
así los sindicatos mineros, que habían funcionado,
hasta el momento, como estructuras eficaces de
participación y de presión
obreras sobre el gobierno; y, por otro, captar (en distintas
etapas) a la izquierda partidista. Así, el MIR, al perder
sus bases sindicales, dio un salto acelerado hacia la derecha, lo
que le permitió seguir teniendo, desde ese ángulo,
cierta presencia electoral; una fracción de este partido,
el Movimiento Bolivia Libre, batalló en algunas elecciones
con magros resultados y terminó incorporándose a la
propuesta política de Gonzalo Sánchez de Lozada, en
1993 (en las elecciones de 2002 el MNR y el MBL participan en una
misma fórmula). Es evidente que la izquierda tradicional,
especialmente en su estructura de partido político,
había muerto.

Esta contundente derrota, en lo sindical, lo partidario
y lo ideológico, de la izquierda tradicional boliviana,
permitiría la aparición de una nueva izquierda con
unas bases y una tendencia completamente nuevas en la historia
política de la Nación.

Las condiciones para su surgimiento comenzaron, en un
primer aspecto, con el resquebrajamiento económico del
modelo neoliberal, y de sus casi inexistentes rendimientos
sociales.

Un segundo aspecto a destacar es el agotamiento de la
lógica
de la gobernabilidad a través de una "política de
pactos". De 1986 a 2003, se realizaron siete pactos entre la
élite gobernante con distintos fines, lo que le
valió el apelativo de "democracia pactada". Estos, siempre con nombres rimbombantes, fueron
acuerdos firmados por los líderes de los partidos
políticos, sin ninguna participación de los
movimientos sociales o sindicatos (ver recuadro). Se creó
así una bifurcación entre los partidos
políticos que concertaban y definían el destino
político de la nación y la población que, ya sea desde la calle, la
federación o la comunidad, no
participaba de la toma de decisiones.

Pactos entre partidos políticos
de 1985-2001

Esta dinámica, sostenida a través de los
años 90, generó un tercer aspecto, al que
hacíamos referencia al inicio de nuestro estudio: la
distancia entre el mundo político y el mundo social. Se
dio un proceso de profesionalización de la política y,
con ello, la aparición de un sector muy especializado que,
paulatinamente, fue perdiendo contacto con la gente.
Además, en el "hombre
político" se concentró toda la negatividad,
acusándolo de ser el responsable de la crisis, la corrupción, la pobreza,
etcétera. La dinámica de estar "dentro" o "fuera"
del partido generó una peligrosa zanja que luego el mundo
político tradicional no logró saldar. La
política se instrumentalizó, y los partidos dejaron
de ser un espacio para hacer, propiamente,
política.

Estos elementos generaron un escenario favorable al
surgimiento de nuevas opciones que pudieran satisfacer las
demandas de la población, tanto en términos
materiales,
como en formas de integración a la dinámica de la
participación y gestión política. Unidos a
otros múltiples factores (como la tradición de
lucha sindical, las históricas sublevaciones
indígenas, las constantes movilizaciones cocaleras,
etcétera), comenzó a nacer una nueva variante de la
izquierda, en la figura de los Movimientos Sociales, que
serían la base para toda la cadena de transformaciones
posteriores.

Es innegable su protagonismo que, en la política
del país, desde el año 2000 han evidenciado: la
"Guerra del Agua" en Cochabamba (abril, 2000); el bloqueo a la
ciudad de La Paz, de septiembre de 2000, protagonizado sobre todo
por sectores campesinos aymaras; la Guerra del Gas de octubre de
2003, que dio como resultado la expulsión del presidente
Gonzalo Sánchez de Lozada; son hechos que lo demuestran.
La agrupación más importante en esa
dirección es el MAS (movimiento social, devenido partido
político, y que, con el apoyo otros movimientos y
organizaciones sociales de tendencia izquierdista,
fundamentalmente del sector campesino, ha
logrado canalizar en su programa y en su actuación
política, las necesidades sociales más urgentes de
la sociedad y economía bolivianas), cuyo ascenso al poder
en las elecciones de 2005, es el hecho más visible para
reconocer quiénes son los nuevos actores sociales de la
sociedad boliviana actual. Tres características esenciales
nos permiten, en este sentido, establecer el rompimiento que
existe, entre estas nuevas organizaciones sociales de izquierda y
las tradicionales:

– Vinculación sindical. Tanto el MAS como el MIP
son resultado de una decisión que surge de la
deliberación sindical y comunitaria. De hecho, son
consideradas como "instrumentos políticos" de una
agrupación social, por lo que tienen una relación
directa y regular con sus "bases", lo que les brinda un dinamismo
propio para su acción política.

– Combinan el nacimiento de nuevos partidos
políticos de izquierda con el surgimiento de actores
sociales con capacidad de movilización muy grande. Por
tanto, los frentes de batalla son la representación
parlamentaria, y la política desde las calles, a
través de marchas y bloqueos. Los líderes, Evo
Morales, Felipe Quispe, Oscar Olivera, etcétera, son de
origen indígena o popular, lo cual rompe esa
tradición de la izquierda boliviana, cuyo líder era
siempre alguien vinculado a la pequeña burguesía
urbana.

– El discurso gira alrededor de demandas culturales,
aspectos económicos, soberanía con respecto al uso
de los recursos
naturales, particularmente el gas, y participación
política. El Estado se sitúa en el centro de las
reivindicaciones, y toda la actuación está perneada
por la oposición al neoliberalismo.

Frente a un proyecto y
práctica política que incluye: la
nacionalización de los recursos
económicos estratégicos del país (petróleo y gas); realización de una
nueva redistribución de las tierras; programas intensivos
de alfabetización; y como centro del conjunto de reformas,
la redacción y aprobación de un nuevo
texto constitucional que viabilice el desarrollo
socio económico del país; la oposición,
liderada por PODEMOS, pareciera haberse aliado en un todo frente
a las propuestas masistas. Ello demuestra el hecho de que, el
pluripartidismo en Bolivia, no supone la existencia de una
pluralidad de alternativas políticas, sino todo lo
contrario; hecho que se evidencia en el carácter unívoco del discurso y
práctica de los partidos de la oposición, que
representan una alternativa neoliberal en su conjunto y utilizan,
no sólo los mecanismos legales a su alcance para bloquear
la actuación del MAS, sino que se valen de todo un sistema
de propaganda
contra el gobierno que, en su modalidad más extremista,
llega a rayar con la balcanización del país,
disfrazada en el reclamo "autonómico".

Nunca como ahora ha quedado, en la lucha política
boliviana, tan al descubierto la verdadera correlación de
fuerzas e intereses al interior de la nación;
manifestándose la manera tan sui generis en que han
venido a funcionar el sistema político y los
órganos de representación de Bolivia, ante la
propuesta de llevar a cabo una revolución social desde el
poder.

Al interior del Congreso de la República,
PODEMOS, MNR y UN han formado frente único contra el MAS,
a pesar que este representa la facción mayoritaria
(muestra evidente
de que, por más que los escaños estén
compartidos entre cuatro partidos políticos, hay
sólo dos alternativas políticas evidentes, debido a
que MNR y UN parecieran haberse supeditado, en su discurso y en
su práctica, a PODEMOS).

Por ejemplo, la Ley de Reconducción Comunitaria
de la Reforma
Agraria de 44 artículos, sancionada por el Senado el
28 de noviembre de 2006, y que permite la expropiación por
el Gobierno de latifundios improductivos de manera legal, supuso,
en su proceso de aprobación, el bloqueo de las sesiones
del Senado durante varios días por la oposición,
impidiendo que se alcanzara el quórum necesario para su
aprobación; fundamentalmente porque el carácter
anti latifundista de esta dañaba, no ya los intereses de
los hacendados de la parte oriental del país, sino de los
propios parlamentarios. Es curioso entonces que, cuando
finalmente, tras el convencimiento de los senadores de PODEMOS,
Mario Vargas (titular) y Andrés Fermín Heredia
Guzmán (suplente), y de Abraham Cuellar Araujo, legislador
suplente de Unidad Nacional (UN), de asistir a las sesiones de la
Cámara Alta para completar el quórum y finalmente,
aprobar esa misma noche la Ley, la oposición acusara al
Gobierno de haberlos sobornado, a lo que el presidente Evo
Morales contestó: "No hemos pagado, tenemos dignidad y
honor". En el mismo cable, publicado por el diario digital
español
Rebelión, Bolpress comentó, que esa "noche,
el senador de PODEMOS Antonio Franco entró por la fuerza a
la sala donde sesionaba el Senado, rompió un vidrio,
golpeó la puerta e intentó sacar a los senadores de
su partido, pero no pudo impedir que el Senado sancionara la
ley".

No obstante, la oposición derechista, en voz de
Jorge Tuto Quiroga, líder de PODEMOS, acusa al Gobierno de
actuar en forma autoritaria. No debe olvidarse que este hombre
era Vicepresidente cuando, bajo el gobierno de Bánzer,
fueron firmados 32 contratos de
riesgo
compartido, en violación de los Art. 139° y 59° de
la actual Constitución.

Este hecho de la práctica política
boliviana actual, evidencia, con creces, dónde se
encuentra la raíz, no ya de la crisis de
participación política y de representación
popular, de la que veníamos hablando, sino del
descrédito mismo de los partidos tradicionales y de su
verdadero papel en la política nacional, como
representantes de los sectores oligárquicos, que,
esencialmente de raíz regional, se enfrentan, en pugna,
unos contra otros; y, en frente unido, contra el MAS.

El mismo martes 30 de noviembre fue aprobado, en su
totalidad, el reglamento de debates de la Asamblea Constituyente,
aún bajo la protesta oposicionista, en forma de huelgas de
hambre. Según las declaraciones del MAS, la
oposición miente al país al decir que el
oficialismo impuso la mayoría absoluta para la
aprobación de la nueva Constitución. Santos
Ramírez, presidente del Senado,
declaró a Bolpress que tal afirmación: "Es una
mentira para desestabilizar la Asamblea Constituyente y el
escenario nacional. El Artículo 71° señala que
la Asamblea Constituyente aprobará por dos tercios de
votos de los miembros presentes el texto final de la nueva
Constitución Política del Estado, como manda el
Artículo 25° de la Ley de Convocatoria, y los
artículos del proyecto de la nueva Constitución que
sean observados".

Es una tarea titánica para el MAS, no sólo
enfrentarse a una oposición políticamente
fanática, sino utilizar y reformar, sobre la marcha, un
sistema político construido para defender los intereses de
oligarquías y transnacionales. Es allí donde entra
a jugar su papel el actor político más importante
de los últimos tiempos en Bolivia, que ha sido el propio
pueblo, según declaraciones del presidente Evo Morales,
este tiene en sus manos la posibilidad de concretar el cambio en
Bolivia. "A veces nos bloquean desde el Senado, tratan de
chantajearnos, pero cuando hay pueblo movilizado no hay forma. De
un tajllaso (golpe) aprobaron los contratos petroleros gracias a
la marcha, se aprobó también el presupuesto
reformulado para que los prefectos opositores gasten más.
Gracias a las marchas mejoran los ingresos del
país y ahora deben controlar a los prefectos que no
quieren ser controlados."

Es así que la movilización popular ha
devenido el instrumento más poderoso en manos del MAS para
impulsar el cumplimiento de su programa
político.

Esa simbiosis que ha creado la lucha masista entre los
órganos del poder
legislativo y las movilizaciones populares; la conexidad
entre el pueblo movilizado y los procedimientos
legislativos; e incluso, el propio proceso constituyente, es
quizá la característica más notoria de la
dinámica interna del sistema político boliviano
actualmente; lo cual convierte al proceso revolucionario que vive
hoy la nación, en un hecho paradigmático dentro de
la región andina, con la cual comparte una
situación histórica, cultural y económica
semejante.

2.3.2. Los pueblos indígenas en la
política boliviana actual.

La irrupción de los pueblos indígenas,
como actores sociales y políticos, es uno de los
fenómenos más sobresalientes de los últimos
veinte años en América
Latina y, sin duda, tendrá impactos de larga
duración en las democracias de la
región.

Las reformas políticas del 2004 efectuadas en
Bolivia, permitieron a los pueblos indígenas, el ser
considerados equivalentes funcionales de los partidos
políticos, y concurrir, en iguales condiciones, a los
procesos eleccionarios. Como queda recogido en el artículo
5 de la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos
Indígenas, estos son:

"…son organizaciones con personalidad
jurídica propia reconocida por el Estado, cuya
organización y funcionamiento obedece a los usos y
costumbres ancestrales.

Estos pueblos pueden participar en la formación
de la voluntad popular y postular candidatos en los procesos
electorales, en el marco de lo establecido en la presente Ley,
debiendo obtener su registro del
Órgano Electoral."

Desplazados por siglos, no solo del acceso a los
mecanismos de poder, sino del ejercicio y de los beneficios de la
gestión política, los pueblos indígenas
bolivianos han devenido en poderosos actores de la
política del país.

Entendemos que el actual rol protagónico que
estos desempeñan tiene diversas causas:

• el carácter multiétnico y
  pluricultural, presente en la conformación del pueblo
  boliviano y de su propia cultura e
  identidad,
  es un elemento básico en este sentido.
• las secuelas del histórico proceso de
  marginación sufrido por estos pueblos, primero bajo el
  régimen colonial y, luego, en los sucesivos
  regímenes republicanos a los que no interesaba, por
  razones diversas, la incorporación de estos a la
  nación.
• el fracaso del proyecto de nación,
  tradicionalmente asignado a Bolivia manifestado en el
  hundimiento del Estado, producto de
  la debacle del modelo neoliberal.
• el total descrédito e inoperancia del sistema
  de partidos boliviano, hecho que ha llevado a amplios sectores
  de la sociedad (pueblos indígenas y agrupaciones
  ciudadanas), desplazados de la gestión y de los
  beneficios de la política, a la
  autorepresentación.

Habría que decir que en ello la izquierda
boliviana tradicional ha tenido algo de culpa histórica,
al no haber elaborado un proyecto político coherente con
las realidades culturales del país. El gran mérito
histórico de las nuevas fuerzas políticas de
izquierda surgidas en Bolivia, y que encuentran en el MAS su
expresión más acabada, radica allí, en la
elaboración de un programa político en el que han
encontrado sitio las diversas realidades que conforman la
nación, a partir de la identificación y
enfrentamiento a problemáticas socio económicas
comunes, tales como la desprivatización de los recursos
naturales; una nueva redistribución de las tierras; y la
refundación del Estado, sobre las bases histórico
culturales existentes, a través de una nueva
Constitución Política. Demandas que en diversos
sectores, tanto agrarios como urbanos, tenían una larga
data de reclamos.

Las causas enumeradas anteriormente, unidas a la propia
esencia de los movimientos sociales del país, explican por
sí mismas el papel histórico que han de
desempeñar, en el ámbito boliviano, los pueblos
indígenas, a favor del cambio, y en pro de nuevas formas
de representación, más acordes con la realidad
social.

1. Las organizaciones socio – políticas
   de la Sociedad Civil boliviana.

El tercer elemento del sistema político boliviano
se encuentra, naturalmente, en el ámbito mismo de la
sociedad civil. Este término, como lo conocemos hoy, es un
producto de las revoluciones burguesas, y ha sido utilizado en la
historia del pensamiento político en un doble
ámbito: como sinónimo de Estado o sociedad
política, frente a la sociedad familiar, natural o
religiosa; y como sociedad civilizada, para diferenciarla de las
primitivas o salvajes.

Si estamos de acuerdo en que, a cada tipo de sociedad
corresponde un determinado tipo de Estado, y que este
actúa como representación oficial de aquella,
pudiéramos entender entonces, por sociedad civil, a
aquel conjunto de actividades e interrelaciones sociales de
carácter integral, donde se desarrollan física y
culturalmente los conglomerados humanos (entendidos como
individuos y como colectividades), frente al aparato de poder
estatal. De esto se deriva que, si la sociedad humana es un
ente tan complejo y diverso, para poder canalizar el discurso de
"todos", adopte una cierta organicidad o coherencia en su
desenvolvimiento. Esta incluirá, entonces para sus fines
de producción y reproducción de la vida humana, a
comunidades, organizaciones, individuos, instituciones, normas,
actividades, modelos
axiológicos; etc.

Este vínculo de unión entre la diversidad
de la sociedad civil y el Estado, sería la llamada
sociedad política, o sociedad civil políticamente
organizada; o sea, que se refiere al conjunto de órganos
que se mueven en la esfera de la sociedad civil pero que, a
diferencia del resto con carácter económico,
cultural, artístico, científico, tienen fines y
carácter políticos, denominándose
organizaciones socio – políticas.

Su existencia en la sociedad boliviana está
legitimada por el derecho de libre asociación voluntaria,
reconocido en el art. 7c) de la CPE, y se diferencian de los
partidos políticos en que sus finalidades son inmediatas,
específicas de ciertos grupos humanos (como estudiantes,
obreros, campesinos, homosexuales, mujeres, etc.), en modo alguno
interesados en obtener el poder político del Estado, pero
sí en actuar de alguna manera sobre este para el logro de
sus fines determinados. Un ejemplo de ello pueden ser las
reclamaciones por parte de organizaciones feministas para el
reconocimiento de la equidad de
género
en sociedades donde son discriminadas; de organizaciones
homosexuales en pro del matrimonio gay;
las luchas estudiantiles por el logro de la Reforma
Universitaria; etc.

Su vehículo de enlace con el poder estatal lo
constituyen, con frecuencia, los partidos políticos, a los
cuales es frecuente encontrarlas unidas, ya porque este las haya
creado para alcanzar mayores niveles de acceso a los consensos
sociales; o porque, luego de sus surgimiento espontáneo,
se hayan integrado al mismo.

Esta especie de asociación se rige por dos
principios fundamentales: una independencia
orgánica de las organizaciones respecto al partido, al
conservar sus propios estatutos y los relacionado con el
régimen d vida interna; y la fluida comunicación que debe existir entre ambos,
basada en el apoyo de la organización a la línea
programática del partido, logrando este reflejar las
demandas de aquella.

Dicha cooperación es necesaria, en tanto, frente
a los objetivos generales que se traza el poder estatal sobre la
sociedad, los partidos se convierten en el medio de hacer llegar
a él las necesidades de grupos humanos específicos,
canalizadas, a su vez, en las organizaciones socio
políticas.

En las condiciones de la representación en
Bolivia, no sólo encontramos asociación de partidos
con las organizaciones socio políticas, sino de estas con
agrupaciones ciudadanas.

4. Los grupos de presión. Concepto. Su
lugar dentro del sistema político.

Hemos descrito brevemente el conjunto de elementos que
conforman el sistema político de la sociedad boliviana, y
que se encuentran relacionados con la toma de decisiones
políticas, siendo el Estado el elemento fundamental dentro
del mismo, donde inciden o luchan por incidir los demás,
para hacer que el aparato de poder gire a favor de intereses
determinados.

Sin embargo, un sistema político no solo
está compuesto por partidos (y sus equivalentes
funcionales en el caso de Bolivia) y organizaciones socio
políticas. Existen otros elementos que, a diferencia de
estos, actúan sobre el mecanismo estatal de modo
más invisible y, sin embargo, en forma tanto o más
poderosa que aquellos.

Habíamos visto que, a su interior, las sociedades
se agrupan en conjuntos de
individuos con intereses comunes, y que, incluso, al interior de
las propias clases surgen contradicciones que se tornan
irreconciliables.

En las sociedades burguesas, el control de los recursos
económicos, o las decisiones políticas que tome el
Estado con relación a estos, encontrarán siempre la
resistencia de
grupos económicamente dominantes en esa sociedad, los que
verán amenazados sus intereses. Los grupos de
presión constituyen uno de los modos de los que se valen
para influir sobre el aparato estatal a su favor.

Para conceptualizarlos, tomemos como punto de partida la
siguiente definición para la cual son "conjuntos de
individuos formados en torno de
intereses particulares comunes, cuya finalidad esencial consiste
en la defensa de ventajas materiales o la salvaguardia de
valores
morales, que influyen, para el efecto en la política
pública."

Su influencia es decisiva, y llegan a formar lo que se
ha denominado "gobierno invisible" y, sustentados en el
poderío económico que representan, han llegado a
formar, en muchos casos, el gobierno real.

El hecho de que se formen por individuos agrupados en
torno a intereses particulares, excluye toda referencia a
cualquier cosa que tenga que ver con interés
público o general. Ello deja entrever a las claras, que se
trata de agrupaciones privadas; el otro elemento que los
caracteriza es "su gran poder económico", lo cual viene a
completar la denominación: son agrupaciones privadas de
individuos con gran poder económico.

Esta esencia (económica) pasa a determinar sus
fines dentro del sistema político, que son la defensa e
incremento de esos mismos intereses económicos en torno a
los cuales se agrupan, pasando "inadvertidos" ante los ojos de la
sociedad, debido a que carecen de vertebración,
organicidad estructural y funcional, sin membresía
determinada específicamente y separados (al menos
formalmente) del Gobierno, cuyo poder se abstienen de alcanzar y
ejercer, al menos en forma directa; prefiriendo influenciar sus
decisiones, para lo cual se valen de medios tales como la
propaganda, la persuasión, la amenaza, el chantaje, el
soborno, el sabotaje, hasta llegar al uso de la fuerza, y a los
atentados contra los representantes del poder, para el logro de
sus objetivos.

Visto esto podríamos decir que se trata de
agrupaciones privadas de individuos con gran poder
económico en una sociedad, que se reúnen, de manera
informal y eventual, en torno a intereses económicos
comunes, para influir, a través de diferentes medios
extralegales, en las decisiones de los órganos del
Estado.

Su actividad alcanza a todos los aspectos de la vida
política, pudiendo dirigirse, no sólo a impedir la
sanción de una Ley, sino también a la
detención u obstaculización de cualquier
acción gubernamental, administrativa o judicial. En
Bolivia han actuado por generaciones en la forma de las llamadas
"roscas".

Algunas legislaciones como la norteamericana, han
legitimado su actividad, al considerarla parte integrante de un
sistema democrático.

La falsedad de esta afirmación estriba en que, en
la práctica, resultará influyente el grupo
económicamente más poderoso y hábil, y no
aquellos que representen a un mayor número de personas,
hecho explicable perfectamente por su esencia.

Dos elementos fundamentales diferencian a los grupos de
presión de los partidos políticos, pues estos
tienen una organización jurídico – formal
reconocida por el Estado; a diferencia de aquellos, que por regla
carecen de la misma y actúan a la margen de la legalidad
estatal (salvo el caso visto en Estados Unidos).
Los grupos de presión no luchan, como los partidos
políticos, por la obtención del poder en el Estado,
sino que intentan influir en el mismo "desde afuera" con arreglo
a sus intereses.

Sin embargo, si ocurre con frecuencia que partidos
políticos representen los intereses de determinado o
determinados grupos de presión, que se presten para
apoyarlos en sus campañas.

También pueden considerarse grupos de
presión a determinadas agrupaciones de individuos que, sin
constituir partidos políticos u organizaciones
sociopolíticas, se reúnen para hacer presión
sobre los órganos de poder con arreglo a determinados
fines que pueden ser ecologistas, de ayuda ante determinados
sucesos; etc.

En el caso boliviano, los propios movimientos sociales
han actuado y actúan, como grupos de presión frente
a determinada decisión por parte del gobierno, o, en la
actualidad, contra la oposición parlamentaria.

En Bolivia, los grupos de presión actúan,
incluso, al interior del propia Asamblea Constituyente. En su
edición
digital del 21 de agosto de 2006, el diario boliviano Los
Tiempos, en un artículo titulado "Asambleístas
tienen la presión de 16 grupos", destacaba que
existían vínculos entre 188, de los 255
asambleístas, con los sectores sociales más
representativos del país, entre ellos, choferes, maestros,
empresarios, cívicos y municipalistas, campesinos,
cocaleros, indígenas, periodistas, uniformados, dirigentes
vecinales, universidades, empresarios, pequeña empresa, ONGs,
evangélicos y gremialistas. Este hecho nos da a entender
que no necesariamente los grupos de presión van a
representar a sectores económicos de la sociedad, sino
que, en determinadas condiciones, pueden convertirse en una
vía para lograr, de manera no oficial, y en forma
más directa, altos niveles de participación popular
en los procesos políticos.

Notas:

Constitución Política del Estado, art.
71.1 y 72.

Weber, Max,
La política como vocación. Conferencia
dictada a estudiantes de la Universidad de
Munich, 1919.

Lenin, V. I., Obras completas, t. 37, Ed. Progreso,
Moscú, 1983, p. 189

Marx, Carlos,
Carta a Pavel V. Annenkov, en Obras Escogidas, 3T, t. I,
Ed. Progreso, Moscú, 1986, p. 532.

Debe entenderse que el término "propiedad
privada" empleado, se refiere a las relaciones de propiedad
existentes entre los individuos de una clase social determinada y
los medios fundamentales de producción en una sociedad y
de los bines materiales creados por estos; sobre todo por la
reiteración, en el apartado 2 del mismo artículo
citado, de la necesidad o utilidad
pública que esta debe cumplimentar, a la a falta de la
cual sobreviene la expropiación por parte del Estado (art.
22.2 CPE); y no a la simple propiedad personal,
entendida como las relaciones de apropiación sobre
objetos, cosas y el producto de estos, esenciales para la vida de
los individuos en una sociedad.

Entiéndase que el hecho de que los poderes del
Estado ejerzan la soberanía, no significa, en modo alguno,
que la misma dimane de ellos, como bien establece el art. 2 de la
CPE, esta reside en el pueblo, siendo delegado su ejercicio en
manos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y
Judicial.

De todas sus funciones, como ha apuntado Pedro Lazarte,
esta parece ser una de las más volátiles, en el
sentido de que no existen parámetros precisos para su
elaboración, con lo cual puede ocurrir que los mismos se
conviertan en una simple enumeración de buenas
intenciones.

Esta obligación se ha visto profundamente
cuestionada en la reciente historia política del
país, por la actividad desplegada por los partidos
tradicionales frente a los programas de corte social lanzados
desde el poder, desacreditándolos y bloqueando su
ejecución, a sabiendas de la profunda crisis social de
pobreza y
desigualdad que se vive en el territorio. Ello define, en buena
parte, la profundidad del conflicto ético que estos llevan
en sí.

Ver, para esto, art. 4, 5 y 6 de la Ley de Agrupaciones
Ciudadanas y Pueblos Indígenas de 2004.

Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas
participantes en elecciones municipales de 2004 en
http://www.cne.org.bo
11 de febrero de 2007.

En su edición del 13 de diciembre de 2006 el
diario digital español Rebelión, publicó un
interesante artículo del prestigioso politólogo
alemán Heinz Dietrich, quien adjuntó al mismo el
siguiente panfleto que citamos a continuación, publicado
en Bolivia por Nación Camba y Unión Juvenil
Cruceñista, nada más y nada menos que llamando a la
limpieza étnica. Si no fuera por la animalidad y la
barbarie del texto, este, más que asco, causaría
risa.

"14 de diciembre del 2006

LLAMADO A LA POBLACION CAMBA

LA NACION CAMBA y
la UNION JUVENIL CRUCENISTA, convocamos a los verdaderos hijos de
esta tierra de
Ñuflo Chávez, al cabildo convocado por los padres
de esta nuestra patria RUBEN COSTAS Y GERMAN ANTELO para declarar
nuestra independencia y fundar una nueva nación de gente
de raza superior que comparta nuestra visión de
país, por este motivo solicitamos tu
participación.

Una vez acabado el cabildo procederemos a la toma de las
instituciones públicas como también de las empresas que sean
de collas, ya que todo lo que hay en estas tierras debe ser de
nosotros los cambas y no así de las razas malditas que
deben ser eliminadas ya que son una contaminación para nosotros.

Las razas malditas son: Quechuas, Aymaras, Guaranies,
Ayoreos, Pupyguaranis, Matacos y todos los que no son como
nosotros.

También para que quede claro:

padre camba + madre camba = hijo camba puro

padre camba + madre colla = hijos camba

padre colla + madre camba = hijo colla

padre colla + madre colla = hijo colla

No debemos permitir ninguna infiltración en
nuestra nación.

También les pedimos que todo aquel que tiene
algún arma ya sea de fuego o blanca lleve al cabildo, ya
que desde ese momento empezaremos la limpieza étnica." en
http://
edición del 13 de diciembre de 2006.

En este sentido, el Vicepresidente electo Álvaro
García Linera describió la actual experiencia
política del país como una "construcción de múltiples
movimientos sociales con una trayectoria de largo alcance y una
capacidad organizativa y autónoma que poco a poco ha ido
presionando al estado y finalmente ha llegado a ocuparlo". Citado
por Mark Engler en Bolivia y el mandato progresista en
América Latina, en
http://www.democracyuprising.com/articles/espanol2006/lat_am_mandate_es.php

Término de reciente uso por la Ciencia
Política para definir el proceso de desintegración
territorial de una nación determinada. Debe su nombre al
proceso de desmembramiento, en pequeñas naciones, que
sufrió la antigua Federación Yugoslava tras
años de guerra civil.

Redacción Bolpress, Evo: se terminó el
latifundio en Bolivia, en www.rebelion.org,
edición del 30 de noviembre de 2006.

Orozco Henríquez, José de Jesús,
"El poder de los grupos de presión", en Colectivo de
Autores, Constitución y grupos de presión en
América Latina, Instituto de Investigaciones
jurídicas, UNAM, México,
1977, p. 106.

En 1946 se aprobó en ese país la llamada
Lobbyng Act. En su art. 307 se define como lobby (nombre
que han recibido en ese país los grupos de presión,
derivado del lugar donde, por lo general, ejercen sus actividades
los representantes de los mismos) a toda persona individual o
colectiva que "directa o indirectamente solicite, recaude o
reciba dinero o
cualquier otra cosa de valor para ser
usada principalmente en influir directa o indirectamente en la
aprobación o desaprobación de cualquier
legislación por el Congreso de los Estados Unidos." Cit.
por Julio Fernández Bulté en Teoría del
Estado, Ed. Félix Varela, La Habana, 2004, p.
196.

Asambleístas tiene la presión de 16
grupos, en
http://lostiempos.com/noticias/21-08-06/21_08_06_nac8.php.

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   Félix Varela, La Habana, 2003.
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   la política, Instituto de Investigaciones
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3. Bolpress, Evo: "Se terminó el latifundio en
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   edición del 30 de noviembre de 2006
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7. Engler, Mark y Benjamín Dangl, Bolivia y el
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16. Orozco, Henríquez, José de
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Autor:

Lic. Yuri Fernández Viciedo

Nació en Cuba, país donde reside
actualmente. Se licenció en Derecho en la Universidad
Central "Marta Abreu" de Las Villas en 2007. Actualmente se
desempeña como profesor de
Filosofía del Derecho en el Centro Universitario
"José Martí"
de Sancti Spíritus. Este trabajo fue
terminado en Sancti Spíritus, Cuba, el 15 de septiembre de
2007.